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Por Gilberto Padilla García

Como el municipio de Chapala no cuenta con los recursos económicos suficientes para afrontar el pago de los poco más de 100 millones de pesos que se le adeudan a la empresa Led Lumina, ya se estudia la posibilidad de realizar el pago de tres maneras, informó el Síndico del Ayuntamiento, Isaac Alberto Trejo Gracián.

Una es recurrir a un adelanto de participaciones con la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, otra es la desincorporación de más terrenos propiedad del municipio y la última llegar a un convenio de pagos con la misma empresa para finiquitar todo el adeudo.

“El municipio no cuenta con los terrenos para cubrir esa cantidad ni se puede pedir un prestamos de esa cantidad, sin que le pegue al municipio, porque lo que Finanzas dice es que tiene que ser en lo que dure nuestro periodo, entonces, nuestras participaciones no nos alcanzarían para cubrir los temas de servicios públicos”, agregó.

“La ruta que vemos es tener que jugar con las tres opciones al mismo tiempo”, indicó Trejo Gracián, al mencionar que la propuesta se presentará a los representantes de la empresa en caso de concretarse, “porque no podemos hacer frente a esta obligación que es millonaria, entonces, hay que ver opciones”.

Enfatizó que como representantes del municipio, además de dar la cara por éste y otros asuntos, se tienen que buscar soluciones para evitar otras órdenes más severas como la separación del cargo que desempeñan o la inhabilitación para ocupar puestos públicos por un tiempo determinado.

A pesar de que en una sesión de Cabildo se dio a conocer que ya no había predios propiedad del municipio para liquidar deudas como ésta, ya que algunos fueron desincorporados para saldar deudas con la empresa GIRRSA, por ejemplo; el Síndico respondió que el tema está en estudio.

“De alguna manera, pues hay que ser optimistas, lo que es un hecho es que a esta administración le va a tocar y que va a ser un hecho también histórico darle solución, punto, no hay otra y lo vamos a tener que solucionar”, agregó el funcionario, quien habló sobre la orden de arresto.

Dijo que la orden de arresto por 36 horas es una medida de apremio por parte de la Tribunal de lo Administrativo para exigir el pago de la sentencia, siendo la misma que se emitió desde el pasado 25 de enero y como no se le dio cumplimiento, es que ahora se pide que se haga efectiva.

Mencionó que la orden de arresto no exime al municipio de su obligación de pagar la cantidad sentenciada; sin embargo, informó que el pasado 17 de junio se presentó una demanda de amparo para obtener la suspensión provisional de dicha orden, aunque no de la sentencia de pago.

Adelantó que en caso de que no se concediera el amparo, “habrá que responder sobre este arresto, aunque habla de un arresto administrativo, porque no es penal y además es muy ambiguo, porque puede ser domiciliario, en las oficinas o en separos, pero ya lo determinarán”, finalizó.

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