Por Gilberto Padilla García

Integrantes del Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala se sumaron a organizaciones y colectivos civiles que se manifestaron el pasado 15 de octubre en el Congreso del Estado de Jalisco para rechazar el esquema de contratación propuesto para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, al advertir posibles riesgos de privatización de la gestión del agua, compromisos financieros de largo plazo y falta de información suficiente sobre su viabilidad.

Durante una conferencia de prensa realizada en el patio central del Congreso del Estado, activistas de distintas comunidades exigieron frenar la aprobación de la iniciativa del gobernador Pablo Lemus Navarro hasta que se revisen sus costos, alternativas técnicas, impactos ambientales y condiciones de financiamiento.

El activista Marco Llamas Fregoso, integrante del Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala, abrió la conferencia al señalar que la movilización buscaba informar a la población sobre las implicaciones del proyecto.

“Se dice que no es privatización, pero claramente es una privatización paulatina, donde le vamos a entregar el agua del lago de Chapala y el agua de Guadalajara a una empresa privada por 25 años”, expresó.

Durante la lectura de un pronunciamiento público, organizaciones, comunidades y especialistas manifestaron su rechazo al modelo de contratación denominado Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), mediante el cual se plantea financiar y operar la infraestructura del nuevo acueducto a través de un contrato de largo plazo con participación privada.

De acuerdo con el documento presentado por los activistas, el esquema contempla compromisos financieros que podrían alcanzar hasta 48 mil 296 millones de pesos durante 25 años, sin que, a su juicio, se haya demostrado suficientemente su conveniencia económica, social, ambiental y financiera.

Los inconformes señalaron que el costo estimado de construcción asciende a 11 mil 922 millones de pesos, mientras que las obligaciones contractuales podrían llegar a 39 mil 689 millones de pesos a 20 años o 48 mil 296 millones a 25 años. Precisaron que estas cifras incluyen financiamiento, operación y mantenimiento, a precios de agosto de 2026 y sin IVA.

También recordaron que, cuando se anunció el proyecto en marzo de este año, se manejaba una inversión aproximada de 6 mil 500 millones de pesos, por lo que consideraron necesario aclarar las variaciones en los montos y las condiciones financieras.

Señalan inconsistencias en los estudios

El pronunciamiento sostiene que una revisión ciudadana de los documentos oficiales identificó 146 observaciones y 52 contradicciones que, según los participantes, deben aclararse antes de que el Congreso tome una decisión.

Entre los señalamientos se encuentra una diferencia en las características técnicas del proyecto. Según los activistas, el proyecto ejecutivo publicado contempla una tubería de 106 pulgadas y una capacidad máxima de conducción de 10 metros cúbicos por segundo, mientras que la iniciativa presentada al Congreso considera una tubería de 96 pulgadas y una capacidad de hasta ocho metros cúbicos por segundo.

Llamas Fregoso indicó que estas diferencias generan dudas, particularmente porque, según expuso, el Gobierno de Jalisco ha señalado que no se extraerán más de 7.5 metros cúbicos por segundo del lago de Chapala.

Los manifestantes también cuestionaron que no se haya presentado una evaluación integral sobre el estado actual del acueducto, así como de los costos y beneficios de rehabilitarlo, reducir las fugas en las redes de distribución y aprovechar otras alternativas de abastecimiento.

Asimismo, señalaron que los documentos revisados no permiten evaluar suficientemente los efectos de la obra en la disponibilidad de agua durante periodos de sequía, las necesidades ecológicas del lago y las condiciones de vida de las comunidades ribereñas.

Otro de los cuestionamientos se relaciona con las obligaciones financieras que asumiría el Gobierno estatal. Los activistas advirtieron que los pagos multianuales podrían comprometer recursos de futuras administraciones y pidieron transparentar las garantías, los riesgos y las consecuencias presupuestarias del contrato.

Por ello, exigieron publicar el análisis de costo-beneficio actualizado, el comparador entre inversión pública y privada, la evaluación de riesgos y los estudios técnicos que justifiquen la modalidad de contratación.

Proponen captar agua de lluvia y sanear las cuencas

Por su parte, el abogado y activista de Ajijic, Julio Carmona Velázquez, cuestionó que el acueducto sea presentado como una solución a la crisis hídrica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Un acueducto solo mueve el agua, no limpia los ríos, no sanciona las empresas que descargan desechos ilegales y no detiene la degradación de nuestras cuencas”, manifestó.

Carmona Velázquez planteó que deben evaluarse alternativas como la captación de agua pluvial, el almacenamiento, el tratamiento y la recuperación de la infraestructura existente.

También sostuvo que la atención al abastecimiento de Guadalajara debe acompañarse de acciones para reducir la contaminación y restaurar las fuentes naturales de agua.

“El discurso oficial intenta ponernos a elegir entre Chapala y la Zona Metropolitana, pero la realidad es que todos tenemos el mismo derecho. Las familias de la metrópoli merecen agua limpia, y los pueblos de la Ribera merecen vivir sin contaminación”, expresó.

El activista pidió una investigación pública independiente sobre la calidad del agua y atención a las comunidades afectadas por problemas de contaminación.

Las organizaciones participantes señalaron que la seguridad hídrica de Guadalajara no debe plantearse en contraposición con la protección del lago de Chapala y los derechos de sus habitantes. Entre sus propuestas incluyeron el saneamiento de los ríos de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, la recuperación de acuíferos y manantiales, la reducción de fugas y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión del agua.

Exigen parlamento abierto antes de votar

Entre sus principales demandas, los colectivos solicitaron al Congreso del Estado no aprobar la iniciativa sin una revisión integral del esquema CMRO y de las obligaciones financieras que implicaría.

También exigieron la publicación completa de la documentación técnica, ambiental y financiera; una evaluación independiente del análisis costo-beneficio; un diagnóstico actualizado del acueducto existente, y un balance hídrico que contemple escenarios de sequía, volúmenes de extracción y necesidades ecológicas del Lago de Chapala.

Además, pidieron convocar a un parlamento abierto con audiencias públicas, participación de las comunidades potencialmente afectadas y especialistas independientes, así como garantizar que las observaciones ciudadanas reciban respuestas fundamentadas.

Los manifestantes reclamaron que se aclare si las comunidades ribereñas han sido consultadas de manera efectiva y denunciaron presuntas negativas de acceso a información relacionada con el proyecto.

“El futuro del agua no puede decidirse a espaldas de los pueblos”, señala el pronunciamiento, en el que también se demanda que la restauración del Lago de Chapala, el río Santiago y los acuíferos forme parte central de la política hídrica estatal.

Al concluir la rueda de prensa, los manifestantes recorrieron los cubículos de las y los diputados locales y colocaron letreros en sus puertas para advertir que vigilarán el sentido de sus votos cuando la iniciativa sea sometida a consideración del pleno del Congreso.

Suspenden sesión del Congreso por falta de quórum

La protesta se realizó mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informaba que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) analiza dos proyectos para atender los problemas de abastecimiento y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Ese mismo 15 de octubre, el Congreso de Jalisco suspendió la sesión del pleno programada para las 10:00 horas por falta de quórum. Se esperaba que durante la sesión se turnara a comisiones la iniciativa relacionada con el financiamiento del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

La propuesta del gobernador Pablo Lemus contempla recurrir a un esquema de Asociación Público-Privada bajo la modalidad CMRO, que incluye la construcción, el mantenimiento, la rehabilitación y la operación de la infraestructura.

El modelo ha sido cuestionado por los manifestantes y sectores de oposición, quienes advierten que podría generar una dependencia prolongada de empresas privadas para la gestión de infraestructura estratégica.

Al cierre de su pronunciamiento, los integrantes del Frente de Pueblos de la Ribera de Chapala reiteraron que no se oponen a que Guadalajara cuente con agua potable, pero demandaron que cualquier solución se sustente en información verificable, protección ambiental, transparencia y participación social.