●  El proyecto de iniciativa de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación fue remitido el 13 de diciembre de 2022 a la Cámara de Diputados para su revisión y análisis

●  El objetivo del foro es presentar y darle voz a los miembros del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología de Jalisco sobre los impactos que pudiera ocasionar la aprobación de la propuesta de Ley

Con el objetivo de presentar y dar voz a los miembros del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología sobre los impactos que pudiera generar la aprobación de la propuesta de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, se realizó un panel de análisis en presencia de senadores, diputados federales y locales, así como representes del sector privado y de la academia.

Con este evento también se busca invitar al diálogo a las autoridades encargadas de aprobar dicha Ley, de la cual, el proyecto de iniciativa fue remitido el 13 de diciembre de 2022 a la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura para su revisión y análisis.

El titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), Alfonso Pompa Padilla, destacó -durante la inauguración del evento- que se realizó este foro con la intención de ofrecer soluciones que ayuden a la construcción de esta nueva Ley.

En el marco del foro, los participantes -entre ellos- la directora general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la SICyT, Larisa Cruz Ornelas, señalaron las principales preocupaciones de la comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) de Jalisco respecto a esta propuesta de ley, entre ellas:

“Que las decisiones en la administración y gestión de las patentes como son las licencias, regalías entre otras serían facultades que se le otorgan al CONAHCyT, así como los mecanismos planteados en la Ley disminuyen la participación de la iniciativa privada”.

Además, en esta propuesta de Ley, se excluye del órgano de gobierno del que sería nombrado CONAHCyT – en caso de aprobarse la Ley-, centros de investigación y a la iniciativa privada así como organizaciones civiles; no conserva el compromiso del gasto del 1% de PIB en Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (HCTI) y se pierde autonomía de los centros públicos de investigación al subordinarlos a las dependencias del gobierno federal.

También se señaló que el mecanismo que plantea esta propuesta de Ley podría provocar una desarticulación en el ecosistema científico tecnológico e innovación, que se ha construido y avanzado en particular en el Estado de Jalisco pero también a nivel nacional.

Cruz Ornelas, manifestó durante el foro que es pertinente revisar la legislación en estas áreas debido a que el ecosistema se encuentra en constante cambio, pero que no debe de quitar derechos que ya garantizan leyes vigentes.

Se destacó que la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) aún vigente otorga un trato igualitario a los investigadores sin perjuicio de su institución de adscripción o línea de investigación; respeta la autonomía de las instituciones y contempla su participación de las iniciativa privada así como la inclusión en los órganos de gobierno del CONACYT y Centros Investigación.

Así como incentiva la participación del sector privado y establece reglas para ellos y fomenta el emprendimiento de base científica y la transferencia de la tecnología de los Centros Públicos de Investigación (CPI).

“Para ser una ley general, que precisamente ya se comentó que es una ley de competencias, pero una ley general no debe quitar derechos, es decir si nosotros en la ley vigente ya teníamos garantizados o reconocidos una serie de derechos en donde participaba ya la cuádruple hélice, porque también ya está la sociedad civil organizada y otros aspectos, una ley general no puede quitar lo que ya se reconocía en una ley vigente”, comentó Cruz Ornelas.

El diputado federal y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier Joaquín López Casarín, indicó que al ser un ejercicio democrativo se realizará en los próximos días un Parlamento Abierto para tomar en cuenta la opinión de expertos y población en general, para garantizar una Ley que fortalezca la ciencia y tecnología.